La magistrada Aura Rosero Baquero dictó medida de aseguramiento contra los exjefes de las carteras de Interior y Hacienda. Se les acusa de liderar una "empresa criminal" para comprar votos en el Congreso mediante el desvío de recursos públicos
En una decisión sin precedentes para la administración del presidente Gustavo Petro, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves el traslado a centros carcelarios de los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda). Ambos están vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado el mayor entramado de malversación de fondos en lo que va del actual Gobierno.
Pese a que la Fiscalía General de la Nación había solicitado inicialmente la detención domiciliaria, la magistrada Aura Rosero Baquero fue más contundente. La togada determinó que los exfuncionarios no cumplen los requisitos para el beneficio de casa por cárcel, subrayando la gravedad de sus cargos y su rol protagónico en lo que calificó como un tinglado diseñado para desfalcar al Estado.
La Fiscalía imputó a Velasco y Bonilla los delitos de:
- Concierto para delinquir.
- Cohecho por dar u ofrecer.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
Según la investigación, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, los entonces ministros habrían direccionado dineros de la UNGRD y del Invías hacia contratistas seleccionados por congresistas. El objetivo era asegurar mayorías legislativas para las reformas sociales del Ejecutivo. Se estima que el entramado impulsó 79 contratos por un valor de 612.000 millones de pesos, de los cuales siete alcanzaron a ser adjudicados.
"No actuaron de manera aislada; buscaban comprar al Congreso con contratos a cambio de votos", señalaron las autoridades durante la audiencia.
Uno de los puntos determinantes de la acusación es el denominado “cónclave”, una reunión ocurrida el 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño. Allí, bajo el presunto liderazgo de Velasco —conocedor de la dinámica legislativa tras 24 años en el Congreso—, se habría planeado el esquema de sobornos.
En el caso de Ricardo Bonilla, el testimonio de su exasesora, María Alejandra Benavides, ha sido fundamental. Benavides, quien firmó un principio de oportunidad, confesó haber gestionado las comunicaciones con congresistas bajo órdenes directas de su jefe. "Él me usó... no le importaba el costo que tenía que pagar", declaró la exfuncionaria.
Ambos exministros se declararon inocentes. Velasco, abogado de profesión, aseguró que presentará una versión que confrontará los testimonios de los testigos estrella de la Fiscalía. Por su parte, Bonilla sostuvo que siempre cumplió con la ley y la Constitución en el ejercicio de su cargo.
Aunque la defensa ha apelado la decisión de la magistrada, la orden de ingreso a prisión se mantendrá vigente mientras se resuelve el recurso.
