El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que establecía un aumento del 23,7 % al salario mínimo para 2026; expedido por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025 bajo el concepto de “salario vital”.
En su decisión, el alto tribunal concluyó que el Gobierno no acreditó de forma suficiente el cumplimiento de los criterios previstos en la Ley 278 de 1996, que exige fundamentar el ajuste en variables como inflación, productividad y crecimiento del PIB. Como consecuencia, el decreto que elevaba el ingreso mínimo legal mensual (incluido el auxilio de transporte) a cerca de 2 millones de pesos quedó suspendido.
El Ejecutivo deberá expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles, un nuevo decreto que atienda estrictamente los parámetros legales y la argumentación técnica requerida. El Gobierno anunció que acatará la decisión, solicitará precisiones sobre el alcance del fallo y convocará a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para avanzar en la nueva fijación.
La determinación del Consejo de Estado marca un punto de inflexión en la política salarial del país y reabre el debate sobre el equilibrio entre justicia social, sostenibilidad económica y seguridad jurídica.
