La situación de Nueva EPS volvió a encender las alarmas en el país, luego de que el Instituto Nacional de Cancerología denunciara deudas superiores a 146.000 millones de pesos por servicios prestados. Según la entidad, este incumplimiento compromete la sostenibilidad financiera del sistema y afecta la atención oportuna de pacientes, especialmente aquellos que requieren tratamientos oncológicos.
El caso se suma a los retrasos en pagos a clínicas y hospitales en distintas regiones del país, lo que incrementa la presión sobre el sistema de salud colombiano y profundiza las preocupaciones sobre su estabilidad operativa y financiera.
En paralelo, la Corte Constitucional de Colombia adoptó decisiones clave que inciden en el panorama nacional. El alto tribunal suspendió el impuesto al patrimonio aplicado a universidades, al advertir posibles afectaciones a su autonomía, y frenó la denominada “expropiación exprés” de tierras en el departamento de Córdoba.
Estos hechos reflejan un escenario de tensiones institucionales en Colombia, donde los desafíos del sistema de salud y las decisiones judiciales en materia fiscal y agraria se convierten en ejes centrales del debate público.