La minería ilegal de carbón volvió a encender las alarmas en Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional (CAR) ordenó el cierre preventivo de más de 17 explotaciones ilegales e inició procesos sancionatorios tras evidenciar graves afectaciones ambientales durante operativos realizados en la provincia de Ubaté.

Las acciones de control se llevaron a cabo en los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa, donde equipos técnicos de la autoridad ambiental encontraron minas en funcionamiento sin licencia ambiental ni título minero. En varios casos, las explotaciones continuaban operando a pesar de contar con medidas previas de suspensión impuestas por las autoridades.

Durante las inspecciones fueron identificadas bocaminas activas, maquinaria, patios de acopio, sistemas de procesamiento y grandes cantidades de carbón listas para ser comercializadas. Asimismo, la CAR documentó impactos ambientales como vertimientos de aguas residuales mineras, contaminación del suelo por combustibles, disposición inadecuada de residuos, pérdida de cobertura vegetal y afectaciones sobre quebradas y zonas de protección hídrica.

Uno de los hallazgos más preocupantes se registró en la vereda Gachaneca, en el municipio de Lenguazaque, donde la entidad detectó actividades extractivas dentro del Páramo de Rabanal y Río Bogotá, un ecosistema protegido por la legislación ambiental. Según la autoridad, en este lugar se realizaban labores de extracción y procesamiento de carbón sin autorización, además de vertimientos que ponían en riesgo el equilibrio ambiental del páramo.

En Sutatausa, las inspecciones adelantadas tras la emergencia minera que cobró la vida de un trabajador también permitieron descubrir una explotación ilegal con decenas de toneladas de carbón listas para su transporte. Mientras tanto, en Cucunubá, los funcionarios evidenciaron minas que seguían operando pese a antecedentes de clausura e incluso encontraron indicios de que algunos sellos de suspensión habrían sido retirados.

Frente a estos hallazgos, la CAR anunció que continuará desarrollando operativos de control en coordinación con las alcaldías, la Agencia Nacional de Minería y demás entidades competentes, con el propósito de frenar la explotación ilegal de carbón y proteger los ecosistemas estratégicos de Cundinamarca.