Colombia cuenta desde agosto con la Ley 2628 de 2026, una norma que establece medidas de atención integral, protección e inclusión para personas con Trastorno del Espectro Autista, TEA, trastornos del neurodesarrollo y otras condiciones contempladas dentro de la legislación.

La nueva norma busca facilitar el acceso de esta población a servicios y programas relacionados con salud, educación, trabajo y otros ámbitos de la vida social. También establece responsabilidades para diferentes entidades del Estado y plantea mecanismos para mejorar las rutas de atención.

Uno de los principales puntos de la ley es la creación de una política pública nacional de atención, acompañamiento y protección para las personas con TEA. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la promulgación de la norma, para desarrollar esta política. 

La legislación también contempla la participación de departamentos, distritos y municipios en el desarrollo de las medidas y establece que deberán articular acciones que permitan mejorar las condiciones de vida y el acceso a servicios para esta población.

En materia de salud, la norma contempla la actualización de los protocolos clínicos para el diagnóstico, tratamiento y atención integral de niños, niñas y adolescentes con TEA. También plantea una atención interdisciplinaria y establece que las familias y cuidadores deben recibir información clara y suficiente sobre los procesos de atención. 

La ley incluye además disposiciones relacionadas con la detección temprana y con la recopilación de información estadística que permita conocer mejor las características de la población y utilizar esos datos como insumo para la formulación de políticas públicas.

En educación y trabajo también se plantean medidas de inclusión. La intención es que las personas con estas condiciones puedan contar con mayores garantías para acceder a procesos educativos, oportunidades laborales y diferentes servicios públicos.

La implementación de la ley será progresiva y requerirá reglamentación por parte de las entidades responsables. Por eso, uno de los próximos pasos será la puesta en marcha de los mecanismos y políticas contemplados en la norma.