En la Comisión Primera del Senado avanza el Proyecto de Ley 281 de 2025, que promueve la inclusión financiera eliminando cobros y barreras económicas para el acceso a servicios bancarios básicos, como cuentas de ahorro y productos de bajo monto. La iniciativa, respaldada por mayorías en primer debate, pretende que más colombianos puedan usar el sistema financiero sin pagar tarifas consideradas innecesarias y con mayores garantías al consumidor.
El proyecto define como eje central la reducción o eliminación de costos asociados a productos básicos, como cuotas de manejo, retiros y transferencias para personas de bajos ingresos, al tiempo que ordena simplificar requisitos de apertura y uso de estas cuentas. La propuesta también fortalece la transparencia y la supervisión, al exigir información más clara sobre tarifas y facultar a la Superintendencia Financiera para sancionar prácticas abusivas.
Otro pilar de la iniciativa es la expansión de canales digitales y de corresponsales bancarios, especialmente en zonas rurales y municipios donde aún persisten brechas de acceso frente a las grandes ciudades. Estos puntos físicos y plataformas virtuales se conciben como la puerta de entrada para que hogares, pequeños negocios y trabajadores informales puedan ahorrar, recibir subsidios y realizar pagos sin tener que desplazarse largas distancias.
El contexto muestra que, aunque más del 96% de los adultos en Colombia tiene al menos un producto financiero, el acceso al crédito formal sigue rezagado y se concentra en ciudades como Bogotá, mientras las zonas rurales y las mujeres enfrentan mayores barreras. La baja inclusión crediticia limita la posibilidad de financiar emprendimientos, acceder a vivienda o consolidar microempresas, lo que a su vez frena la formalización económica y la generación de empleo.
Si el proyecto se aprueba y se implementa de manera efectiva, bancos, cooperativas y fintech deberán ajustar sus modelos de negocio para ofrecer productos más simples, baratos y digitales, adaptados a poblaciones hoy excluidas. En el mediano plazo, los expertos proyectan que una mayor bancarización podría facilitar el pago de subsidios, ampliar la base tributaria y dar más estabilidad al sistema financiero, siempre que se combine con educación financiera y buena regulación.